Son 30 Mil

 Por Raúl Valle

Desde una perspectiva de izquierda, rechazamos categóricamente el negacionismo histórico promovido por Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos designado por el gobierno de Javier Milei, quien ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas minimizó la cifra de treinta mil desaparecidos durante la última dictadura militar. Este acto no es solo una afrenta a las víctimas y sus familias, sino una herramienta de la derecha para blanquear el terrorismo de Estado y perpetuar la impunidad. Sin embargo, los propios archivos desclasificados de Estados Unidos, obtenidos por agentes de inteligencia en el marco del Plan Cóndor, contradicen esta narrativa reaccionaria y exponen la complicidad imperialista en el genocidio perpetrado por la Junta Militar.  

Una nota del diario Clarín del 25 de marzo de 2006 titulaba: “Un informe de Estados Unidos asegura que hubo 22 mil desaparecidos”. Este documento no solo cuantifica el horror, sino que revela cómo Henry Kissinger, secretario de Estado bajo Gerald Ford, alentaba a los militares argentinos a acelerar la represión con frases como “lo que tengan que hacer, háganlo rápido”, apenas 48 horas después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Esta arenga, documentada en informes desclasificados, pone al descubierto el respaldo del imperialismo yanqui a los golpistas, quienes actuaban como títeres en la guerra sucia contra el pueblo trabajador y las fuerzas progresistas.  

La resistencia popular y la presión internacional frenaron el accionar genocida  

Ese informe, divulgado por Estados Unidos en el 30° aniversario del golpe, fue confirmado por el diario La Nación en una nota del 24 de marzo de 2006, firmada por Hugo Alconada Mon, corresponsal en Washington. Los 22 mil desaparecidos registrados hasta 1978 provienen del Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, compilados a partir de información proporcionada por miembros del Batallón 601 del Ejército a agentes encubiertos del Plan Cóndor. Como detalla el periodista John Dinges en su libro *Los años del Cóndor*, esta operación represiva coordinada por EE.UU. y dictaduras regionales fue un instrumento de dominación imperialista para aplastar las luchas populares en América Latina.  

Además, un documento del Departamento de Estado, citado por Alconada Mon, registra que el consejero político de la embajada estadounidense en Buenos Aires, Tex Harris, reportó en 1979 un total de 13.500 denuncias de desapariciones al Departamento de Estado. Estos datos, elaborados poco antes de la final de la Copa del Mundo de 1978, evidencian la magnitud del crimen de lesa humanidad, excluyendo aún las atrocidades cometidas por la Armada y la Fuerza Aérea.  

Fue la administración de Jimmy Carter, bajo presión de movimientos de izquierda y organizaciones internacionales, la que envió al diplomático David Newsom para exigir a Jorge Rafael Videla la revelación del destino de los desaparecidos, el juicio a los responsables y la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La visita de la CIDH en 1979 produjo un informe devastador que desnudó la barbarie de la dictadura, impulsada por el apoyo yanqui. Esta intervención, aunque tardía, contribuyó a frenar el genocidio y resalta cómo la solidaridad internacional y la lucha de las izquierdas fueron clave para limitar el alcance de la represión.  

Desde la izquierda, vemos en estos hechos una lección sobre el imperialismo: EE.UU., faro del "mundo libre" para la derecha, financió y asesoró a regímenes fascistas que asesinaron a miles de militantes obreros, estudiantes y activistas por una sociedad más justa. Estos datos, provenientes de fuentes "occidentales", desmienten el mito de que la dictadura fue un mal menor o que las cifras son exageradas por "ideología". Al contrario, refuerzan la narrativa de que el terrorismo de Estado fue un ataque directo contra las clases populares y las fuerzas revolucionarias.  

Los números citados cubren solo hasta agosto de 1978 y se limitan al Ejército, sin incluir la Armada ni la Fuerza Aérea, ni las denuncias de organismos de derechos humanos argentinos que elevan la cifra a treinta mil. La dictadura duró 2.795 días, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983; los informes de Clarín y La Nación abarcan apenas los primeros 800 días, dejando 1.995 días de horror adicional. Proyectando proporcionalmente, es evidente que la cifra de treinta mil es conservadora, refutando el absurdo de los ocho mil propuestos por Baños.  

Como izquierda, defendemos un Nunca Más que no sea retórico, sino que implique justicia plena, reparación y educación popular para que estos crímenes no se repitan. Jorge Luis Borges, al conocer la verdad, exclamó: “Siento que he salido del infierno”, exigiendo impunidad cero. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 por su lucha contra la dictadura, sobrevivió a los vuelos de la muerte. La Unesco declaró la ESMA Patrimonio de la Humanidad, equiparándola a Auschwitz y Hiroshima como símbolo del terrorismo de Estado.  

La olítica de derechos humanos desde Alfonsín, que sentó las bases para juzgar a los genocidas, pero luego al dictar las leyes de punto final y obediencia debida su gobierno se vino abajo, pero denunciamos cómo gobiernos de derecha como el actual intentan revertirla.

Baños, designado por Milei, manipula la historia con odio de clase, negando el rol del imperialismo en el genocidio. Invitamos a consultar archivos de Italia, Francia o España, que multiplicarían estas cifras, y a los periodistas de Clarín y La Nación. Los derechos humanos son una conquista de la izquierda: SON 30 MIL para el pueblo trabajador, no para los poderosos y genocidas.