Mercado Libre y Galperin, unos chorros a mano armada

 

Por Raúl Valle

Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperin, se ha consolidado como el gigante del comercio electrónico en América Latina, pero a costa de imponer altos costos de publicación tanto para vendedores como para clientes, tarifas elevadas que limitan la rentabilidad de los pequeños y medianos emprendedores, quienes deben destinar una parte significativa de sus ingresos solo para mantener sus productos visibles en la plataforma. 

Además, Mercado Pago, el brazo financiero de la empresa, ofrece préstamos con tasas de interés que pueden considerarse usurarias, superando en muchos casos el 70% anual, y para préstamos mayores a 60 mil pesos, la plataforma obliga a los usuarios a pagarlos en tres cuotas, lo que incrementa aún más el costo financiero para los solicitantes, generando un círculo de endeudamiento difícil de romper. 

El gobierno de Javier Milei ha favorecido a este "pulpo" empresarial mediante exenciones impositivas que reducen la carga fiscal de Mercado Libre, al mismo tiempo que protege su posición monopólica en el mercado digital, y esta política, junto con la flexibilización laboral promovida, debilita la competencia y precariza las condiciones de trabajo, consolidando un modelo que beneficia a grandes corporaciones a expensas de consumidores, vendedores y trabajadores, una situación que exige una revisión urgente para garantizar un mercado más justo y equitativo.

Además de los aspectos financieros y regulatorios, Mercado Libre y Mercado Pago enfrentan serias acusaciones por su vulnerabilidad a estafas, lo que agrava la percepción de una plataforma que prioriza el volumen de transacciones sobre la seguridad de los usuarios, con más de 100 millones de usuarios activos y 40 compras por segundo, el sitio se ha convertido en un imán para cibercriminales, y la empresa, aunque ofrece consejos de protección, no invierte lo suficiente en prevención, dejando a vendedores y compradores expuestos. 

Los ataques de phishing son rampantes, con correos y mensajes de WhatsApp falsos que imitan a la compañía para robar datos de tarjetas y credenciales, como promesas de regalos o alertas de seguridad falsas que circulan ampliamente sin que Mercado Libre implemente filtros robustos en sus canales oficiales; vendedores fraudulentos cobran envíos por fuera de la plataforma, anulando compras y quedándose con el dinero extra, explotando la confianza en Mercado Pago pero sin revertir estos pagos "externos", lo que deja a los compradores sin recurso y evidencia fallos en el diseño de la plataforma; estafadores usan tarjetas ajenas para compras de alto valor y luego las desconocen para reembolsar y retirar el producto, aunque hay un "programa de protección al vendedor", su efectividad es limitada si no se verifica la identidad al instante, perjudicando desproporcionadamente a pequeños vendedores; compradores reciben imitaciones baratas o declaran defectos inexistentes para obtener reembolsos sin devolver el ítem, manipulando fácilmente la reputación de vendedores nuevos con un soporte de "ayuda" lento que fomenta un ecosistema donde el fraude prospera; páginas clonadas con dominios similares roban datos vía anuncios en redes sociales, mientras cadenas de WhatsApp prometen sorteos de productos devueltos que llevan a malware, alcanzando millones sin que Mercado Libre colabore lo suficiente con autoridades para desmantelarlos; y llamadas falsas como "representantes de Mercado Pago" instalan software como TeamViewer para controlar dispositivos, pretextando compras sospechosas como aires acondicionados, resaltando la ausencia de verificación telefónica oficial.

También existen en las redes y Facebook unas ofertas de trabajo truchas en Mercado libre que luego son una estafas del sistema Ponzi pero para trabajar.

Estas estafas no solo generan pérdidas económicas directas, sino que erosionan la confianza en una plataforma que domina el e-commerce argentino, cobrando comisiones altas mientras externaliza los riesgos de seguridad, y los consejos genéricos de la empresa —como activar 2FA o verificar remitentes— son insuficientes frente a un volumen tan masivo de transacciones, más de 200 por segundo en Mercado Pago.

En un contexto donde el gobierno de Milei exime a Mercado Libre de impuestos clave, permitiendo su expansión monopólica, es imperativo que se impongan regulaciones más estrictas: auditorías independientes de seguridad, límites a las comisiones abusivas y sanciones por fallos en protección al usuario, solo así se podrá contrarrestar este modelo que enriquece a unos pocos a expensas de la mayoría, promoviendo un comercio digital verdaderamente inclusivo y seguro.

Este panorama de explotación digital se extiende más allá del comercio electrónico, infiltrándose en el ecosistema de apuestas en línea con casinos virtuales como Betano y Win, que han sido objeto de numerosas denuncias por prácticas fraudulentas que dejan a los jugadores sin sus ganancias legítimas, reteniendo fondos bajo pretextos como verificaciones interminables, bloqueos de cuentas por supuestas violaciones de términos ambiguos o simplemente desapareciendo los depósitos sin explicación, lo que convierte estas plataformas en verdaderos pozos de estafa disfrazados de entretenimiento accesible. Jugadores reportan haber acumulado victorias en juegos como tragamonedas, ruleta o póker, solo para enfrentar retrasos indefinidos en los retiros, con excusas que van desde "problemas técnicos" hasta demandas de documentos adicionales que nunca son suficientes, mientras los sitios continúan promocionando bonos atractivos para atraer más víctimas, un modelo que explota la adicción al juego y la esperanza de ganancias rápidas en un contexto económico precario, similar al endeudamiento inducido por Mercado Pago.

Estas estafas no son aisladas; forman parte de un ecosistema de casinos online malintencionados que operan sin regulaciones estrictas, ignorando certificados de seguridad vigentes como el HTTPS para encriptar datos personales y bancarios, dejando expuestos a hackers que roban información sensible, y careciendo de atención al cliente 24/7 efectiva, con soportes limitados a emails ignorados o chats que desvían responsabilidades sin resolver incidencias reales. Además, la ausencia de licencias oficiales de entes reguladores confiables impide reclamos formales, permitiendo que estos sitios evadan auditorías y operen en la sombra, mientras limitan métodos de pago a opciones restrictivas que facilitan el control total de los fondos, como depósitos en criptomonedas sin vías seguras de retiro, lo que agrava el riesgo para usuarios que invierten dinero real desde la comodidad de sus hogares. 

En un país como Argentina, donde el acceso a estos casinos virtuales ha crecido exponencialmente gracias a la digitalización, estas prácticas no solo generan pérdidas directas estimadas en miles de dólares para miles de jugadores, sino que fomentan un ciclo de endeudamiento similar al de plataformas como Mercado Pago, precarizando aún más a una población vulnerable que busca salidas rápidas a la pobreza, integrándose en un entramado más amplio de vulnerabilidades digitales que Mercado Libre y sus aliados financieros no abordan, sino que a menudo facilitan al priorizar el lucro sobre la protección. 

Analíticamente, todo este sistema revela una dinámica perversa en la que la desregulación impulsada por el gobierno de Milei no solo favorece monopolios como el de Galperin, sino que acelera la erosión social en una sociedad al borde de la crisis, las exenciones impositivas y la flexibilización laboral permiten que corporaciones digitales acumulen riqueza mientras externalizan costos humanos, desde el endeudamiento usurario hasta las estafas rampantes, profundizando la desigualdad y fomentando una economía de la desesperación donde los más vulnerables —emprendedores, consumidores y jugadores adictos— se convierten en presas fáciles de algoritmos depredadores. 

Esta concentración de poder no genera innovación inclusiva, sino un ciclo vicioso de precariedad que agrava la inflación, el desempleo y la desconfianza institucional, cuestionando la viabilidad de un modelo neoliberal que, en lugar de resolver la crisis, la perpetúa al priorizar ganancias corporativas sobre el bienestar de los trabajadores; para romper este patrón, se requiere no solo regulaciones estrictas y auditorías independientes, sino un replanteo ético que ponga fin al capitalismo digital y no digital y  que priorice la equidad social, estamos cerca  del colapso de la confianza pública que por supuesto va a precipitar un caos mayor, donde la tecnología, en vez de empoderar, se convierte en el instrumento definitivo de la exclusión.

Marcos Galperin y su empresa Mercado Libre representan el epítome de un monopolio depredador, sostenido y potenciado por el Estado a través de políticas de exenciones impositivas y protección regulatoria que eliminan barreras a su dominación del mercado digital, un favoritismo que no es mero error administrativo, sino evidencia de la complicidad profunda entre el empresario y el gobierno de Javier Milei, cuya agenda neoliberal implica otro delito sistemático contra el interés público al sacrificar la equidad social y la competencia leal en aras de enriquecer a elites corporativas, perpetuando un régimen de explotación que clama por una intervención judicial y política inmediata para desmantelar esta red de privilegios ilícitos y cambiar las bases sociales en un país ya asfixiado por la desigualdad.