“Que se haga oír, potente, la voz del proletariado” (Jean Jaurés)

Por Alejandro Guerrero

Con sus diez puntos presentados en la apertura de las sesiones legislativas, Milei le ha declarado la guerra a la clase trabajadora.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esos diez puntos (concentraron todo el discurso,el resto fue una serie de bravatas) son producto del fracaso oficialista cuando intentó imponer la “ley ómnibus”, puesto que esos puntos son un desguace de las “Bases”, que ahora vuelven bajo la forma de un nuevo “gran acuerdo nacional”, sólo que en circunstancias históricas muy diferentes.

Por lo demás, el acuerdo “fundacional” que propone Milei, de fundacional no tiene nada.

Cuando mucho, es la máscara cadavérica del viejo proyecto alberdiano-sarmientino, que se correspondía a otra época y tampoco prosperó porque hubiera necesitado de una burguesía  revolucionaria que Milei correría a garrotazos.

No deja de sorprender que, a pesar del ataque frontal a las condiciones de vida y trabajo del movimiento obrero, la acción contra esta ofensiva histórica no llegue de los trabajadores -relativamente paralizados en comparación con la magnitud del ataque- sino de sectores de la burguesía perjudicados por el ajuste y de los gobernadores afectados por la “motosierra” del ajuste. 

Axel Kicillof le contesta a Milei en la apertura de la Legislativa bonaerense y esto ha sido visto por el FIT-U como la gran ocasión para prenderse (otra vez) de la falda del kirchnerismo.

La subgerenta del FMI ha venido presurosa, en principio, cierto es, a dar oxígeno al gobierno con 15.000 millones de dólares que servirán para refinanciar deuda vieja.

Milei pretende chantajear a una oposición destruida, aunque a su propia tropa no le va mejor.

Cualquier burgués, cualquiera fuera su color, estaría de acuerdo con “la inviolabilidad de la propiedad privada”; pero cuidado, porque en boca de esta gente significa convertir en delito, motivo de persecución penal y represión física, la ocupación de cualquier planta fabril u otro
lugar de trabajo.

El control físico de los lugares de trabajo es lo que Milei pone en el tapete cuando habla de esa “inviolabilidad”.

La reducción del gasto público tiene su imagen en los 30 mil empleados públicos
despedidos hasta ahora, en la agencia Télam cerrada y vallada (el gobierno había
anunciado que la cerraría, pese a lo que la burocracia del Sipreba -un rejunte de los K con la presencia minoritaria del PO oficial) no dispuso la inmediata ocupación).

De la reforma laboral sabemos largamente desde tiempos de Arturo Frondizi, a fines de los años 50, pero ni la dictadura pudo con los convenios colectivos de trabajo surgidos de la huelga general de 1975. Se trata de suprimir la capacidad negociadora de los sindicatos para firmar convenios, y atomizar al movimiento obrero con acuerdos por lugar de trabajo, de modo que los más chicos no se vean protegidos por la fuerza de los más grandes.

 Eso se propone Milei: lo ha dicho con todas las letras.

En materia previsional su propósito es más claro aún: volver a las jubilaciones privadas, a las AFJP que impulsó uno de los grandes maestros de Milei, Domingo Cavallo, durante el gobierno de Menem.

Terminaron mal.

Además, se propone suprimir las jubilaciones obtenidas mediante moratorias, en un país donde el trabajo en negro predominó durante décadas.

Todas estas medidas tienen un potencial revolucionario explosivo, y la señora Gospìnal, la indo-norteamericana que co-dirige el FMI, advirtió: la presunta “bonanza” que traería el plan Milei no llegará a tiempo, antes se va a producir un estallido.

El gobierno pretende dar la impresión de que va a la ofensiva, cuando en verdad sólo intenta salir del atolladero, del pantano en que quedó sumido por su fracaso con la “ley ómnibus” en el Parlamento y la advertencia judicial que recibió por el DNU. 

Como decíamos: los golpes le llegan al gobierno desde la oposición burguesa -en crisis profunda a su vez- más que desde los trabajadores.

El “consenso” que procura el gobierno con la oposición burguesa, especialmente con los gobernadores levantiscos, es absurdo, salvo por lo que tiene de chantaje: el “acuerdo fiscal”, que les devolvería una parte de la coparticipación. 

Con ese propósito el único de los 24 gobernadores que mantiene buena llegada a la Casa Rosada, el mendocino Alfredo Cornejo, se ha ofrecido a hacer gestiones preparatorias para el “acuerdo” que se firmaría el 25 de Mayo en Córdoba. Con ese fin ya conversó con la vicepresidenta, la videlista Victoria Villarruel.

Por lo demás, actitudes como la del chubutense Ignacio Torres son más bravuconadas que otra cosa, aunque buena parte de la burocracia sindical trata de ponerse bajo su ala. Si en serio Torres quisiera cortar la provisión de gas y petróleo, habría convocado a los
trabajadores a ocupar plantas de extracción y refinerías. Lo demás son bravatas.

En cuanto al Banco Central, el Presidente está cumpliendo su amenaza de cerrarlo o, por lo menos, privatizarlo. El formidable traspaso de deuda del Central al Tesoro prepara todas las condiciones para esa privatización, que va de la mano de una dolarización fraudulenta, porque se pagarían sueldos y salarios en pesos y precios en dólares. 

Y, por supuesto, la convocatoria al imperialismo para una apertura comercial sin límites y meganegocios mineros como el reflotamiento de Vaca Muerta y, en primer lugar, el litio. “Si quieren conflicto tendrán conflicto”, dijo Milei en su discurso, en otro gritoneo de matón.

Por ahora, el “conflicto” consiste en travesuras, como salir del país sin permiso
parlamentario, ni hacer el traspaso de mando a la vicepresidenta.

Otra cuestión de primera importancia que advirtió la funcionaria del FMI es que el ajuste fiscal, sumado a una inflación que promete superar el 300 por ciento este año, más la eliminación de todo control de precios, llevará a una caída del consumo próxima al 5 por ciento del PBI y, en consecuencia, a una recesión histórica.

Esto empeora si se tiene en cuenta que la actividad económica cae en picada desde noviembre del año pasado, sobre todo la producción industrial, y la inflación de 2023 superó el 300 por ciento mientras el PBI se contrajo un 2,4 por ciento (2,7 por ciento la producción industrial).

Entretanto, la Argentina sufre una crisis histórica, con un gobierno empantanado, una oposición destruida, la inflación más alta de América latina (Milei ya no podría hablar de Maduro) y, como no ocurría en siglo y medio, tendencias visibles a la disgregación nacional.

Falta, como diría Jean Jaurés, “que se haga oír, potente, la voz del proletariado”. Y se hará oír, seguro que sí. La Argentina tiene demasiada historia de asambleas, de coordinadoras, de organismos de base para pasarle por encima a la burocracia sindical.

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