El DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO EN EL ORDEN DEL DÍA

Por una Asamblea Constituyente soberana, con poder

Por un congreso de bases del movimiento obrero: ¡Fuera la burocracia!

La “ley ómnibus” original tenía 664 artículos y el único respaldo de la treintena de diputados de La Libertad Avanza. Después de las obligadas negociaciones con los legisladores oficialistas disconformes con la orientación del paquete, se cayeron más de 280 artículos.

En esa mitad mochada figuraba el pulmón del gobierno: la política fiscal.

Para terminar de aprobar ese mamotreto mutilado, aprobado a duras penas en comisiones, el parlamento se trasladó a un puñado de departamentos privados, entre ellos el que tiene en Recoleta el ahora “libertario” Cristian Caram, jovencito “sushi” durante el gobierno de Alfonsín, quien lo echó por manejos extraños de dinero, para decirlo con suavidad.

Dicho de otro modo: el Parlamento pasó a la clandestinidad para discutir en domicilios particulares nuevas modificaciones -además de esos 280 artículos caídos- al proyecto ya aprobado en comisiones. Por eso las comisiones terminaron de sesionar a las 2 de la mañana y el proyecto entró en Cámara a las 3 de la tarde. Toda la noche y toda la mañana la pasaron en conspiraciones ilegales para violentar la Constitución y el Código Penal, puesto que la modificación privada de un proyecto aprobado en comisiones constituye delito de falsificación de documento público. Son delincuentes, oficialistas y opositores. Por lo menos, Elisa Carrió ya anunció que presentará una demanda penal. Según mentideros periodísticos varios, las discusiones para modificar aun más el proyecto continuaron hasta el domingo a la noche.

¿Por qué tanto debate? En primer lugar porque las grandes exportadoras no quieren saber nada con el aumento de retenciones -tampoco los agroproductores- ni con mayores cargas impositivas.

También se debate la forma de las privatizaciones. Por ejemplo, las de Nucleoeléctrica, el

Banco Nación y Arsat. Se bajaron los artículos que disponían la disolución del INTA y del Conicet.

Aun así, para aprobar lo que se aprobó, se sospecha que funcionó la Banelco hasta

derretirse. Pero los gobernadores no pueden aceptar -equivale a su renuncia- la amenaza mafiosa de verse con los fondos cortados si no apoyan la ley.

¡Miren qué avance democrático! La ley original decía que debía considerarse manifestación- por tanto, reprimible- la reunión de tres o más personas. Mejoraban el viejo Código de Justicia Militar, que calificaba de “motìn” la reunión de cinco o más soldados. Ahora, en un alarde de fe democrática, los diputados aumentaron el número a… ¡treinta! En otras palabras, se ha instaurado legalmente, por decisión parlamentaria, el estado de sitio.

Ahora vendrá el gran debate por las “facultades delegadas”; es decir, la autorización al Ejecutivo de ejercer funciones que corresponden al parlamento. Si eso se aprobara, estaríamos ante un golpe de estado formal. No por nada el gobierno prepara la purga más

grande de la historia de las Fuerzas Armadas y se propone controlar la Corte Suprema mediante la elevación a nueve del número de sus miembros.

A todo esto, han sido cimbronazos los aumentos en las tarifas de electricidad y gas, y el sacudón en las góndolas es un tsunami, al punto que la inflación en el periodo diciembre-febrero se sitúa en el 100 por ciento, mientras los salarios siguen inmóviles y a los jubilados se les ha robado un semestre de aumentos. El gobierno busca por un lado anular el derecho laboral y, por otro, arreglar con un sector de la burocracia sindical, lo que ya hizo con Armando Cavalieri.

El paro del 24 fue un triunfo a medias. Por un lado, resultó sorprendente su masividad y lo multitudinario de la movilización, de espaldas y por encima de la burocracia sindical. Los burócratas no están en condiciones de controlar a la gente en la calle, pero sí de quitarle continuidad a la lucha. Por eso, por ejemplo, no llaman a parar y movilizar este martes, cuando se tratará el adefesio de ley (siempre y cuando no se postergue, como se dice)

Por otra parte, el gobierno, como se ve en estos días, no está en condiciones de gobernar.

Quiere convertirse en directorio gerencial de un grupo de multinacionales, con respaldo del FMI, pero la política interna no lo resiste -otras multinacionales tampoco- y por eso, como

decíamos, quiere gobernar con métodos de golpe de estado. El gobierno de Milei no tiene legitimidad burguesa y ahora tampoco legalidad.

¡Que se vaya!

El pueblo trabajador necesita organizar la huelga general para que no sean vulneradas todas sus conquistas, contra el avasallamiento de nuestras condiciones de vida. Cada lugar de trabajo o de estudio debe convertirse en un centro de conspiraciones para organizar la huelga general y, especialmente, un congreso de bases de todo el movimiento obrero para desplazar a esa banda mafiosa que es la burocracia sindical. Llenemos la Argentina de periódicos, artículos y volantes con convocatorias a la lucha.

Y necesitamos la urgente convocatoria a una Asamblea Constituyente, soberana y con poder, para que la Argentina discuta cómo reorganizarse sobre nuevas bases sociales y económicas.

Círculo de Trabajadores

Alejandro Guerrero